El directivo del Enacom, en declaraciones a Télam, también adelantó que esta semana el Ente dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.

“No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero”, aseguró López.

De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.

El funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales.

En ese sentido, López resaltó que “ya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto”.

Además, adelantó que esta semana se va a anunciar desde el Enacom la política que se estableció en aquel Decreto “sobre la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció”.

Para esos sectores, confirmó, “va a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar. enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad”.

“Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio publico sujeto a regulación estatal” recordó López al ratificar que junto al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar los planes sociales para regir a partir del 1 de enero”.

Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos.

Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.

Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus.

Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de servicios por falta de pago.

A poco de firmar el DNU, el presidente Fernández expresó que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los “más concentrados de la economía argentina” y proclamó la intención del Gobierno de “promover competencia ante los pocos operadores” existentes en el mercado.

Hasta fines de la semana pasada el directorio del Ente se centró en la definición de “tarifas sociales” para los servicios de telefonía e internet móvil con las tres empresas que prestan los servicios: Claro Movistar y Personal; mientras que el servicio de internet fijo es prestado por más de 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.