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ACTUALIDAD
4 de febrero de 2021
Desde el gremio remarcaron que no los convocaron a debatir, como habían acordado en diciembre.
El secretario General de UPCP, José Niz, informó que por resolución del Plenario Provincial de Delegados, se reiteró la petición de audiencia al gobernador Jorge Capitanich, para el tratamiento de la pauta salarial 2021, ante el manifiesto incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de convocar al gremio para fines de enero o principio de febrero de 2021, tal como se había comprometido en diciembre pasado.
El dirigente remarcó que “es imprescindible instrumentar acciones prospectivas en materia salarial, como resultado del evidente retraso de los sueldos, en relación con la inflación y el costo de la canasta familiar”.
Según recordó Niz, el INDEC estableció que la inflación interanual es del 36,1%, y el incremento de la canasta familiar superó ampliamente a la inflación.
“Es innegable que estos guarismos impactan negativamente en el salario de los trabajadores, agravando la situación del 90% del personal de la Administración Pública Provincial encuadrados en el Escalafón General, que percibe salarios inferiores a los 20 mil pesos, ubicándose bajo la línea de indigencia, avalado por la realidad actual: una familia tipo necesita como mínimo indispensable, para no caer en la pobreza, que su salario supere los 50 mil pesos líquidos”, detalló.
Asimismo, remarcó que en el Chaco, es de público y notorio conocimiento el incremento de tarifas de luz y agua, como así también el cobro de los impuestos recaudados a nivel municipal. “Todos gastos que generan presión sobre el salario del trabajador, que no ha sido objeto de incrementos a la fecha”, sostuvo.
Por esa razón, el Plenario Provincial de Delegados, demanda una urgente audiencia con el gobernador, para tratar la situación salarial del Escalafón General. Además, recordaron que con el inicio del ciclo lectivo, el trabajador deberá invertir en la canasta básica escolar que se ha incrementado en un 40%, en relación a los costos del año 2020.
“Es deber del gobernador proteger la intangibilidad del salario, ante el desmedido aumento de la inflación, la canasta básica familiar y escolar, tarifas por servicios públicos e impuestos, que genera una destrucción de los ingresos, cuyo poder adquisitivo se degrada diariamente”, finalizó el dirigente.